Culiacán, Sinaloa.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, lanzó un enérgico llamado al Gobierno Federal para que atienda con responsabilidad, seriedad y justicia la grave crisis que enfrenta el campo sinaloense y nacional, particularmente los productores de maíz que demandan un ingreso objetivo de 7 mil 200 pesos por tonelada.

Durante su posicionamiento en tribuna, la legisladora señaló que el actual precio ofrecido de 6 mil pesos por tonelada no solo es insuficiente, sino que refleja la desconexión de la Federación con la realidad de quienes producen los alimentos en México.

“Ese precio no cubre los costos de producción y deja en el abandono a miles de familias campesinas”, expresó.

Gárate recordó que, durante la reciente visita de la presidenta de la República a Mazatlán, los productores intentaron expresarle su problemática, y aunque se comprometió a enviar al secretario de Agricultura, el diálogo fue una simulación.

“Ese funcionario vino, escuchó, recogió las mismas demandas… y se fue diciendo que se las llevaría a la presidenta”, puntualizó.

La situación se agravó una semana después: tras un paro nacional de productores en más de 20 estados, el mismo secretario impidió el ingreso a las oficinas de la dependencia federal a los dirigentes campesinos sinaloenses —entre ellos Baltazar Valdez— cuando se celebraba una reunión con líderes del campo de todo el país. La legisladora calificó este hecho como “un gesto autoritario y provocador que excluyó deliberadamente a quienes encabezan legítimamente la lucha del campo”.

La diputada Gárate enfatizó que el problema del campo va más allá del precio del maíz, por lo que presentó una propuesta integral de nueve ejes para transformar las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas. Entre los principales puntos destacó: acceso a seguridad social para campesinos, inversión en productividad y tecnología agrícola, integración de asociaciones campesinas en cadenas de valor, esquemas de negociación conjunta, justicia en el mercado, planes de adaptación al cambio climático, impulso a la investigación y desarrollo tecnológico, estrategias para aprovechar mercados globales, fortalecimiento de pequeños y medianos productores, y estímulos a la producción de alimentos esenciales como el maíz.

“El campo no quiere dádivas; quiere reglas claras, trato digno y políticas públicas que le den certeza y futuro. Y antes de cualquier política, lo primero es respetar al pueblo campesino”, concluyó.

Con este posicionamiento, Paola Gárate refrendó su compromiso con los productores de Sinaloa, exigiendo que las decisiones sobre el campo se tomen con base en la realidad, y no desde la arrogancia ni la indiferencia institucional.