Culiacán de Rosales, Sinaloa.- Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate denunció presuntos actos de acoso sexual, hostigamiento, violencia de género e inequidad en ascensos al interior de corporaciones policiales, con énfasis en el municipio de Ahome, y advirtió que “cuando denunciar te convierte en objetivo, el problema no es la denunciante: el problema es la institución”.

La legisladora dio voz al testimonio de la oficial Rosario Dignora Valdez López, policía municipal de Ahome, quien —señaló— ha presentado quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por hechos que describe como vejaciones, intimidación y represalias. “El uniforme no borra la dignidad; la dignidad es la primera placa que se porta”, expresó Gárate, al subrayar que este tipo de denuncias no pueden tratarse como un “tema interno” ni minimizarse.

Al exponer datos derivados del propio testimonio, la diputada resaltó la desigualdad estructural dentro de la corporación: en Ahome, dijo, existen alrededor de 950 elementos, de los cuales apenas 80 son mujeres. Además, de acuerdo con lo narrado por la oficial, solo cinco mujeres han logrado obtener algún grado, y siempre en los niveles más bajos.

“Se les exige servir y arriesgar la vida, pero se les cierran las puertas del mando”, sostuvo.

Gárate advirtió sobre prácticas que, de confirmarse, reflejarían un doble discurso institucional, como la existencia de una Unidad de Género sin protocolos claros ni capacidad real de actuación, así como presuntos ascensos discrecionales. “Para unas y unos hay reglas; para otras, solo obediencia”, afirmó.

En su posicionamiento, la diputada contextualizó el problema a nivel nacional al recordar que, al cierre de 2022, solo 23.2% del personal de las policías municipales era femenino, mientras que en la Guardia Nacional, al cierre de 2023, el porcentaje fue de 20.2%.

“Donde hay menos mujeres, hay menos acceso al mando y mayor riesgo de abuso encubierto”, puntualizó.

Como parte de una ruta crítica y propositiva, la legisladora planteó exigencias concretas. Al Ayuntamiento de Ahome y a su autoridad de seguridad pública, solicitó garantías inmediatas de no represalia, medidas de protección y acompañamiento, así como la separación preventiva de presuntos agresores cuando exista riesgo. “No se puede pedir valentía a las víctimas y, al mismo tiempo, dejarlas solas”, enfatizó.

Asimismo, exhortó a la CEDH Sinaloa y a su presidente, Óscar Loza Ochoa, a informar sobre la admisión de la queja, su estado procesal, la aplicación de medidas cautelares y los plazos de resolución, además de comunicar formalmente estos avances al Congreso. “No responder también es una forma de violencia y revictimización”, advirtió.

Entre las propuestas institucionales destacó la implementación de un protocolo obligatorio para denuncias de acoso y hostigamiento, concursos periódicos y transparentes para ascensos, el fortalecimiento real y autónomo de las Unidades de Género y la reparación del daño con garantías de no repetición. 

“Denunciar no puede ser firmar tu sentencia laboral”, remarcó.

Finalmente, Paola Gárate reiteró el compromiso del Congreso del Estado para dar seguimiento al caso y exigir informes a las autoridades correspondientes, advirtiendo que “jubilar o trasladar no es sancionar; es esconder”.

“Proteger a las mujeres policías no debilita la seguridad pública; la fortalece”, concluyó.