Culiacán, Sinaloa.- La diputada local Paola Gárate Valenzuela alzó la voz en el Congreso del Estado para denunciar un presunto fraude que afecta a más de 500 familias en la comunidad de Costa Rica. De acuerdo con la legisladora, los afectados entregaron hasta 700 mil pesos por predios que les fueron ofrecidos sin contar con la posesión legal, y hoy enfrentan el riesgo de desalojo por parte de un supuesto nuevo propietario.

Gárate Valenzuela subrayó que esta situación representa una injusticia social y una grave omisión del Estado, al no garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.

“La vivienda es un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero pareciera que dicho mandato no existiera. Las familias no se niegan a pagar; lo único que piden es certeza jurídica”, expresó con firmeza la diputada Gárate Valenzuela ante el pleno.

La diputada reiteró su compromiso con las familias afectadas y aseguró que continuará con su labor legislativa y de gestión hasta que se resuelva este problema de fondo, exigiendo al Estado una intervención inmediata para brindar certeza jurídica y protección al patrimonio de los sinaloenses.